Estos agentes “clandestinos” del departamento del sheriff fueron despedidos. Entonces, ¿cómo recuperaron los Jump Out Boys sus insignias?

El credo de “Jump Out Boys” aclamaba a sus miembros como una hermandad de los agentes del departamento del Sheriff de Los Ángeles que eran más leales entre sí.

El manifiesto mecanografiado, que se encontró en la cajuela de una patrulla, indicaba que los integrantes entendían “cuándo es necesario cruzar la línea y volverla a atravesar”. Se marcaron a sí mismos con tatuajes de calaveras, con un símbolo especial reservado para los agentes que habían estado en un tiroteo: humo saliendo de un revólver.

En 2013, siete miembros de la fraternidad clandestina fueron despedidos y los altos mandos del Sheriff describieron los ritos de iniciación, los tatuajes simbólicos, así como el libro negro secreto de tiroteos como “elementos similares a los que se utilizan para establecer la pertenencia a una banda criminal”. Su tatuaje “sugiere justicia callejera y está asociado con una subcultura rebelde”, señalaban las cartas de despido.

Pero cuatro de esos agentes han recuperado sus insignias, a pesar de las objeciones del departamento, según encontró una investigación del Times.

Agentes del Sheriff del condado de Los Ángeles.

(Mel Melcon / Los Angeles Times)

Los despidos se revirtieron después de que ellos y su sindicato presentaran demandas y repetidas apelaciones desafiando la acción del departamento.

Aunque los cuatro agentes llevaban tatuajes de la camarilla, la Comisión de Servicio Civil del Condado no encontró pruebas de que se suscribieran al credo y sus reglas, y determinaron que los despidos eran inapropiados. En cambio, el panel redujo las consecuencias a suspensiones.

Pero los cuatro acudieron a los tribunales, argumentando que no merecían ningún castigo. Y ganaron.

En julio, un juez falló a favor del último agente que había estado impugnando su suspensión, y ordenó que se anulara cualquier medida disciplinaria.

Tres de los agentes despedidos perdieron sus apelaciones.

A pesar de las promesas de tomar medidas enérgicas, el departamento del Sheriff ha sido criticado durante mucho tiempo por no frenar a las camarillas de agentes rebeldes, que supuestamente fomentan la violencia y otras formas de mala conducta.

Las acciones contra los Jump Out Boys se vieron en ese momento como una medida audaz, destinada a enviar un mensaje de que el público podía confiar en la integridad de sus agentes del orden. Pero señaló el desafío de responsabilizar a esos grupos. Los individuos y su sindicato argumentaron con éxito que, aunque tenían los tatuajes, no sabían sobre el feo credo detrás. “Fueron sancionados por algo que ni siquiera supieron que existía”, indicó Elizabeth Gibbons, abogada de ellos.

Para los críticos, el resultado subraya un problema mayor con el sistema disciplinario.

“Todas las instituciones parecen cerrar los ojos a las graves consecuencias constitucionales de los agentes que participan en estas sociedades secretas”, señaló Sean Kennedy, profesor de la Facultad de Derecho de Loyola y miembro de la Comisión de Supervisión Civil del Sheriff del condado, en referencia a los esfuerzos para erradicar camarillas. “Ponen en tela de juicio décadas de condenas”.

En febrero, el sheriff Alex Villanueva adoptó una política amplia contra las “subcamarillas de agentes” ilícitas, con el objetivo de fortalecer el poder del departamento para disciplinar a sus miembros que se unen a esos grupos y adopten una mala conducta.

El sheriff de Los Ángeles, Alex Villanueva, adoptó una política contra las “subcamarillas” ilícitas.

(Josie Norris / Los Angeles Times)

El caso de Jump Out Boys en parte “requirió” la nueva política, indicó la dependencia del Sheriff en un comunicado reciente.

“La mera existencia del credo de Jump Out Boys y su retórica socava los objetivos del departamento”, señaló el comunicado.

Pero la recientes duras palabras han sido recibidas con escepticismo por parte de algunos críticos.

El inspector general del Condado, Max Huntsman, escribió en un correo electrónico que Villanueva, electo en 2018, ha tratado de bloquear agresivamente a su oficina y a la comisión de supervisión para que no investiguen su manejo de los clubes de los agentes.

El sheriff se negó a comentar específicamente sobre los Jump Out Boys y el estado de los agentes que fueron recontratados.

Hace tres décadas, un juez federal acusó a un grupo de oficiales tatuados en la estación de Lynwood de dirigir una “banda neonazi de supremacistas blancos” llamada Vikings. Desde entonces, han surgido nuevas agrupaciones y son objeto de una investigación del FBI.

Entre estos grupos secretos hay “grandes puntos en común”, señaló Kennedy en un memorando del Condado. Estos incluyen imágenes amenazantes que glorifican el uso de la fuerza y una mentalidad de división que a menudo tiene como objetivo a las comunidades minoritarias.

Los agentes han rechazado estas caracterizaciones. Un miembro de Jump Out Boys, citado de forma anónima en el Times en el momento de sus despidos, comentó que el grupo solo promovía el trabajo duro y la valentía. “¿Nos llaman pandilla dentro del departamento? Es injusto”, dijo. “Los Boy Scouts tienen parches y declaraciones de misión, nosotros también”.

Ron Hernández, presidente de la asociación para los agentes del departamento del Sheriff de Los Ángeles, que representa a los oficiales de base, se negó a comentar sobre el caso del grupo.

A través de su abogado, Gibbons, los siete agentes se negaron a comentar para este artículo.

Los archivos de la investigación interna del sheriff sobre los Jump Out Boys obtenidos por el Times ofrecen una rara visión del manejo del departamento de una camarilla de agentes. Los registros —de un caso penal contra el oficial Anthony Páez y otros documentos judiciales— muestran una renuencia inicial entre la gerencia de alto nivel y los supervisores para investigar la camarilla.

El 8 de febrero de 2012, dos inspectores descubrieron el credo en la cajuela de una patrulla, metido en una revista de ejercicio junto a un artículo de noticias sobre el grupo de los Vikings.

“Te pone los pelos de punta”, describió más tarde el teniente Henry Saucedo a los investigadores. Pero otros supervisores no se inmutaron.

“Oh, Jump Out Boys, eso es una noticia vieja”, le dijo un sargento a Saucedo cuando le llevó el credo a un capitán. Los documentos permanecieron en posesión del teniente durante dos semanas más, antes de que se le pidiera que los enviara a la cadena de mando. El interés en el credo continuó languideciendo —hasta que su existencia fue expuesta públicamente.

El 20 de abril de 2012, el Times citó fuentes anónimas que aludían a una célula secreta de agentes de la unidad de pandillas del departamento que veían los tiroteos como una “insignia de honor”. La dependencia inició su investigación formal ese mismo día.

Los archivos internos citaban un episodio preocupante, en el que el capitán Bob Rifkin reunió a sus oficiales en la unidad de pandillas y les dijo que, si bien el credo había avergonzado al departamento, nadie sería despedido por ello. Los testigos dijeron que él los alentó a seguir “doblando” la línea para obtener resultados, lo que entendieron que significaba romper las reglas, según los archivos de investigación del departamento. Al menos un supervisor dijo que Rifkin había usado eufemismos similares antes. Desde entonces, el capitán se retiró y no respondió mensajes en busca de comentarios.

En las entrevistas, los agentes dijeron que el entonces subjefe Paul Tanaka, el segundo al mando del departamento, y él mismo una vez miembro de Vikings, también había dado discursos a los oficiales de la unidad de pandillas sobre cómo “empujar” la línea y trabajar en una “zona gris”. (Tanaka y el entonces Sheriff, Lee Baca, serían condenados más tarde por obstruir una investigación del FBI sobre el abuso por parte de un agente de los reclusos).

El oficial Steve Vargas, el primer agente con un tatuaje de Jump Out Boys en ser interrogado, admitió que su credo incorporó la “pequeña perorata” de Tanaka en su sección de misión, según los registros de su caso de apelación que describe la entrevista.

La sección elogió a los Jump Out Boys como “perros alfas que piensan y actúan como el lobo, pero nunca se convierten en el lobo”. Ellos “cruzaron” las líneas y trabajaron agresivamente para “conseguir armas” y “llevar a la gente mala a la cárcel”. No tenían “miedo de ensuciarse las manos, sin vergüenza, deshonra o vacilación”.

“Se puede argumentar el hecho de que tal vez se vea mal”, comentó Vargas a los investigadores, pero sostuvo que los miembros nunca se habían involucrado en una conducta ilegal o poco ética.

También dijo que los agentes aún no habían celebrado ninguna “noche de iniciación” que describiera el credo, ni habían redactado el libro negro secreto que contendría las fechas de los tiroteos y los “nombres reales” de sus integrantes. “Eso es parte del plan”, señaló Vargas, pero el grupo todavía era un “trabajo en progreso”.

El oficial ofreció a los investigadores los nombres de los otros seis con el tatuaje. Todos habían contribuido al credo, comentó.

Casi dos semanas después, los siete agentes recibieron permiso remunerado.

Cuando se le presentaron los hallazgos de la investigación casi un año después, el jefe James López decidió que debían ser despedidos.

Incluso en ausencia de otra mala conducta, el tatuaje los identificó permanentemente con un credo “profundamente preocupante”, concluyó López, según su testimonio descrito en uno de los casos. “El departamento estaría en peligro si los mantiene como empleados y trata de defender sus acciones ante un jurado penal civil”.

Días después de los despidos, la familia de un hombre de 22 años que el agente Páez había asesinado a tiros presentó una demanda por homicidio culposo contra el Condado.

En 2012, la víctima del tiroteo, Arturo Cabrales, había estado bebiendo en el patio delantero de su casa en Watts, cuando agentes con chaquetas antirrobo se detuvieron y lo arrestaron, presuntamente por beber en la acera. Estalló una discusión. Páez entró al patio, persiguió a Cabrales y, según la autopsia, le disparó dos veces en el costado y cuatro en la espalda.

Páez dijo que Cabrales tenía un arma y la fiscalía declaró que los disparos estaban justificados. Pero en una moción para incluir el testimonio de un experto sobre la camarilla de agentes, un abogado de la familia afirmó que la investigación del tiroteo había sido corrompida por la “intervención y participación” de otros Jump Out Boys.

Julio Martínez, uno de los siete agentes que luego fueron despedidos como miembros de este grupo, ayudó a encontrar un arma al otro lado de una cerca de 6 pies, según los archivos de investigación del departamento. En la demanda de la familia, un médico forense testificó que no creía que nadie “capaz de disparar como lo hicieron con esta persona” podría arrojar el arma donde fue encontrada.

Los registros de tiempo para el tiroteo, que documentan quién entró y salió de la escena, también fueron escritos por agentes —Vargas y Curtis Sykes— que luego serían despedidos como parte de Jump Out Boys.

No se encontró que ninguno de los oficiales hubiera incurrido en mala conducta, pero el Condado en 2014 pagó $1.5 millones para resolver el caso Cabrales fuera de los tribunales.

La demanda por homicidio culposo fue parte de un patrón de acusaciones de vigilancia inconstitucional que surgió después de los despidos de Jump Out Boys.

Johnny Yang era un empleado de un dispensario de marihuana en 2011 cuando, según una denuncia penal presentada por el Departamento del Sheriff, Páez y Martínez ingresaron a las instalaciones con pretextos y arrestaron injustamente al trabajador del local y a otro hombre por cargos de armas y drogas.

El agente Martínez supuestamente mintió a lo largo de su informe policial, y Páez presuntamente plantó dos armas en el escritorio de Yang.

El episodio fue capturado en imágenes de vigilancia que terminan cuando Páez parece desconectar las cámaras, según los fiscales. Él y Martínez fueron acusados de alterar pruebas y conspiración para obstruir la justicia. El segundo oficial también fue inculpado de dos cargos de perjurio y de presentar un informe falso.

Los fiscales intentaron vincular las acusaciones con el credo de Jump Out Boys, que según dijeron formaba un “acuerdo para obstruir la justicia” implícito, según la denuncia.

Pero la oficina del fiscal de distrito pactó luego desestimar los cargos contra Páez, como parte de un convenio de culpabilidad hecho con su socio y coacusado, según muestran las transcripciones de la audiencia. En abril de 2019, Martínez no impugnó un solo cargo por presentar un informe falso.

Un portavoz de la oficina del fiscal de distrito, Greg Risling, dijo que los cargos fueron retirados porque el juez dictaminó que las “pruebas críticas”, incluido el credo de Jump Out Boys, eran inadmisibles.

Páez apeló con éxito su despido en 2018, aunque la Comisión de Servicio Civil determinó que ejerció un “mal juicio” al unirse a los Jump Out Boys. Otros tres agentes despedidos por su presunta membresía ya habían sido reintegrados en 2015 por la comisión, que en lugar de ratificar los despidos impuso suspensiones que oscilan entre 15 y 30 días.

El director ejecutivo de la delegación, así como varios involucrados, se negaron a comentar sobre los casos.

Las presentaciones legales arrojan algo de luz sobre la decisión de la comisión: el departamento justificó los despidos porque los tatuajes estaban vinculados a un credo. La comisión, sin embargo, sugirió que, aunque los agentes usaron poco juicio cuando se hicieron el tatuaje y se unieron al grupo, lo hicieron sin conocer la conexión con sus creencias y su misión.

Los fallos de la comisión se debieron a las repetidas objeciones del Departamento del Sheriff, según muestran los archivos de los casos judiciales. La credibilidad de la dependencia estaría en juego cuando los oficiales asociados con la camarilla hicieran arrestos, usaran la fuerza y especialmente si estuvieran involucrados en tiroteos, testificó López.

El hallazgo de la comisión también contradecía la conclusión a la que llegó un juez del Condado cuando negó una de las apelaciones del agente por su despido.

“Cualquiera que sea su conocimiento del documento de creencias, parece que los siete oficiales discutieron un credo para el grupo”, escribió el juez James Chalfant en 2017 cuando negó una petición presentada por un agente sobre su despido.

Los tres que admitieron conocer el credo —Vargas, Sykes y Martínez— no ganaron sus apelaciones. Aunque los dos primeros habían implicado a los siete como involucrados con el grupo, su testimonio no fue considerado creíble por la comisión.

Posteriormente, cada uno de los agentes reinstalados presentó demandas para revocar las suspensiones impuestas. Sus victorias les otorgaron salarios retroactivos, además de eliminar toda acta disciplinaria de sus registros personales relacionados con su supuesta membresía en los Jump Out Boys.

Páez, quien dejó el departamento en febrero, recibió intereses además de su salario retroactivo. Los registros de nómina, que no incluyen ese cálculo, muestran que el Condado le pagó cerca de $500.000 en 2018 y 2019.

Uno de los oficiales, Douglas Parkhurst, se encuentra actualmente en la oficina de narcóticos en Palmdale, según fuentes del departamento que solicitaron el anonimato para hablar con franqueza. Los otros dos agentes, Jason Lanska y Ronnie Pérez, fungen como seguridad del juzgado.

La madre de Arturo Cabrales, Janet Ramos, lloró cuando se enteró de que Páez finalmente había recuperado su insignia. “Pensé que todo esto se había solucionado”, expresó.

Cunningham es corresponsal especial del Times

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