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Lenora Lewis esperaba que la cirugía de columna aliviara su dolor de espalda crónico. Pero cuando la madre de tres hijos de Lancaster se despertó de la operación en 2013, estaba paralizada de la cintura para abajo, con los pies entumecidos salvo por la horrible sensación de “mil millones de hormigas corriendo por sus piernas”.
Lo que no sabía entonces era que su cirujano, el doctor Mukesh Misra, había sido acusado públicamente por la Junta Médica de California de operar el lado equivocado del cerebro de otro paciente.
En marzo, tras investigar el caso de Lewis -y otro en el que una mujer de 46 años murió por complicaciones derivadas de una arteria cortada, descubierta minutos después de que Misra la operara de la columna vertebral-, la Junta Médica le revocó la licencia por negligencia grave, pero luego suspendió la medida y lo puso en “período de prueba”, permitiéndole seguir ejerciendo, cosa que hace actualmente.
Misra se encuentra entre los 10 médicos a los que la Junta Médica ha declarado con más frecuencia culpables de negligencia grave, según un análisis del Times de las acciones de la Junta desde 2008. Las acusaciones de la Junta incluyen negligencias graves que dejaron a pacientes muertos, paralizados o sin extremidades. Algunos médicos también fueron acusados de haber engañado a los pacientes -y a los propios investigadores de la Junta- para ocultar errores médicos significativos.
La Junta determinó que nueve de ellos habían cometido infracciones que justificaban la revocación de la licencia, pero en su lugar les impuso un castigo más leve: se suspendieron sus revocaciones y se les permitió ejercer de manera condicionada. Cuatro de ellos fueron acusados de causar graves daños a otros pacientes después de la primera sanción de la Junta, según descubrió el Times al revisar los registros de la Junta médica.
Las sanciones son parte de un patrón más amplio de disciplina laxa impuesto por la Junta, que ha luchado durante mucho tiempo contra las acusaciones de los pacientes, los defensores de los consumidores y otros de que es demasiado indulgente con los médicos negligentes y no protege a los pacientes, encontró el Times.
Los 10 médicos incluyen a:
Aytac Apaydin, un urólogo de Salinas que dejó un trozo de cable en la vejiga de un paciente, dejándolo impotente, con dolor y orinando sangre durante un año. La Junta revocó su licencia más tarde, en 2018, por la atención negligente de otros cuatro pacientes, pero suspendió la orden y le permitió seguir ejerciendo condicionalmente.
Kevin Ciresi, un cirujano plástico de Fresno con cinco condenas por conducir bajo la influencia. La Junta ha revocado su licencia médica en dos ocasiones y luego ha suspendido las acciones y lo ha puesto en ejercicio condicional. Está acusado de negligencia grave en una acción pendiente de la Junta por la muerte de un paciente y el daño cerebral permanente de otro. Ciresi negó haber actuado mal en las demandas civiles presentadas en esos casos.
John Chiu, un cirujano de Thousand Oaks que, ante la amenaza de una tercera revocación, pidió un “período de gracia” de unos meses para vender su consulta sin que la mancha de una licencia perdida ahuyentara a los compradores. La junta lo permitió. El día antes de entregar su licencia, Chiu hizo una operación, según una demanda pendiente, dejando al paciente con un dolor insoportable y dependiente de un andador.
Lokesh Tantuwaya, un cirujano de la columna vertebral de San Diego cuya licencia ha sido revocada tres veces por la Junta, que lo puso en ejercicio condicionado en cada ocasión. Su licencia sigue siendo válida mientras está en la cárcel a la espera de un juicio por los cargos de haber aceptado más de 3 millones de dólares en sobornos ilegales por cirugías en una de las mayores estafas a las aseguradoras en la historia del estado.
La presidenta de la Junta, Kristina D. Lawson, y el director ejecutivo, William Prasifka, declinaron ser entrevistados para este artículo y se negaron a responder a preguntas sobre médicos concretos. En su lugar, el portavoz de la Junta, Carlos Villatoro, respondió a preguntas generales por correo electrónico.
La protección del público es la “máxima prioridad” de la Junta, escribió. Pero, siempre que es posible, toma medidas “adecuadas para ayudar a la rehabilitación del titular de la licencia”.
Si la Junta es demasiado dura o no tiene en cuenta los esfuerzos de un médico por corregir sus defectos o llenar sus lagunas de conocimiento médico, dijo Villatoro, el panel se expone a un desafío judicial potencialmente largo y costoso.
“Si el médico tiene éxito, no solo la Junta tendrá que pagar los costes del doctor, sino que la imposición de la disciplina para la protección del consumidor será potencialmente retrasada o denegada”, escribió.
No hay límite al número de veces que un médico puede ser puesto en ejercicio condicionado, escribió Villatoro.
Misra, de 59 años, neurocirujano de Lancaster, ha sido uno de los médicos más disciplinados del estado, según el análisis del Times.
La Junta encontró motivos para revocar su licencia en tres ocasiones, pero en cada una de ellas lo puso en ejercicio condicionado.
En el caso en el que se le acusó de operar en el lado equivocado del cerebro de un paciente, Misra no admitió la reclamación. Sí admitió que no había mantenido registros precisos del tratamiento del paciente y, como parte de la resolución de las acusaciones de la Junta, aceptó recibir formación de recuperación y una amonestación pública.
En el caso de Lewis, Misra perforó la membrana que recubre su médula espinal, haciendo que el líquido protector se filtrara, según los registros de la Junta Médica. También instaló una pieza de hardware espinal que se rompió, dijo la Junta, y luego omitió cualquier mención de los errores en sus registros médicos.
Misra se negó a discutir el caso de Lewis u otros relacionados a las acciones disciplinarias de la Junta Médica. Negó haber actuado mal en las demandas por mala praxis relacionadas con su acción pendiente ante la Junta y defendió sus habilidades médicas en una breve entrevista.
“Me siento muy seguro y cómodo atendiendo a los pacientes”, dijo. “Estoy seguro, absolutamente”.
Lewis, de 52 años, sigue paralizada.
“El hecho de que siga ejerciendo me parece increíble”, manifestó. “Definitivamente hay un fallo en el sistema de justicia de la Junta Médica”.
La Junta Médica de California se creó en la década de 1870 para ayudar al público a distinguir entre los médicos de confianza y educados y los vendedores de aceite de serpiente.
Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en un panel de 15 miembros, todos menos dos, nombrados por el gobernador. Ocho son médicos y los otros siete miembros públicos. Además de conceder licencias a los médicos, el trabajo de la Junta es la “aplicación vigorosa y objetiva” de las normas médicas del estado diseñadas para proteger a los pacientes.
El análisis del Times de los registros de la Junta Médica mostró que recibió casi 90.000 quejas contra médicos en la última década por parte de pacientes, enfermeras, colegas y otros.
Pero ese “vigor” ha sido cuestionado por los defensores de los pacientes, los expertos nacionales e incluso un miembro de la Junta actual, que sostienen que el panel protege con demasiada frecuencia a los médicos a expensas de la seguridad de los pacientes.
El análisis del Times de los registros de la Junta Médica mostró que esta recibió casi 90.000 quejas contra médicos en la última década por parte de pacientes, enfermeras, colegas médicos y otros.
En la última reunión trimestral de la Junta, celebrada en mayo, después de un largo período de comentarios públicos dominado por las quejas de pacientes agraviados, Eserick “TJ” Watkins, uno de los siete miembros de la Junta que no son médicos, resumió la frustración generalizada y largamente arraigada, calificando al panel de “sordo”.
“El proceso no está funcionando para la gente, el proceso no está funcionando para el público, pero, por desgracia, está funcionando perfectamente, perfectamente para los médicos”, dijo Watkins a sus compañeros.
Watkins también criticó a sus compañeros por desviarse de las directrices disciplinarias no vinculantes de la Junta al imponer rutinariamente períodos de prueba más cortos que los recomendados. No respondió a las solicitudes de entrevistas.
El Times descubrió que varios de los médicos sancionados con más frecuencia han sido sancionados con períodos de prueba más cortos que los recomendados por las directrices.
En la acción disciplinaria más reciente de Misra, por ejemplo, se le acusó de negligencia grave y otras infracciones, incluida la deshonestidad por mantener dos conjuntos de registros en el caso de Lewis, supuestamente para ocultar los errores quirúrgicos que la dejaron paralizada.
Las directrices de la Junta para la deshonestidad directamente relacionada con la atención al paciente exigen un mínimo de revocación de la licencia, una suspensión de un año y siete años de ejercicio condicional. La Junta suspendió la revocación de Misra, no le impuso ninguna suspensión y le impuso un período de prueba de cinco años.
En dos revocaciones anteriores de la licencia, Misra fue puesto en ejercicio condicional durante dos y tres años, respectivamente, cuando las directrices recomiendan al menos cinco años en cada caso.
El abogado de Misra, Peter Bertling, dijo que la desviación de la Junta Médica de sus directrices disciplinarias solo afirma la competencia de su cliente.
“Si la Junta Médica pensara que permitirle seguir ejerciendo pondría a los pacientes en riesgo de sufrir daños, no lo harían”, dijo Bertling. “Tienen la obligación afirmativa de suspender o revocar la licencia de un médico que realmente creen que es un peligro para el público. Si no lo hicieran, se les consideraría negligentes en sus obligaciones”.
Los defensores de los pacientes y de los consumidores tienen una visión distinta de las acciones de la Junta.
En marzo, Public Citizen, una organización sin ánimo de lucro de Washington que aboga por una asistencia sanitaria segura y asequible situó a la Junta Médica de California en el puesto 33 del país en lo que respecta a la imposición de medidas disciplinarias graves, como la revocación, la suspensión y la entrega forzosa de licencias.
El hecho de mantener tantas revocaciones y reducirlas a períodos de prueba es la razón por la que California ocupa un lugar tan bajo, dijo el Dr. Sidney Wolfe, fundador y asesor principal de Public Citizen.
“La cuestión es que, en caso de duda, ¿qué se hace? Si la duda surge por múltiples casos de lesiones o muerte de alguien por negligencia o incompetencia, el período de prueba no es aceptable”, dijo Wolfe.
Afirmar que la Junta quiere ofrecer al médico otra oportunidad de rehabilitación es “bastante lamentable” y una “excusa peligrosa”, añadió Wolfe. “Equivale a admitir que no están haciendo un buen trabajo”.
El análisis del Times de los registros de la Junta Médica mostró que esta recibió casi 90.000 quejas contra médicos en la última década por parte de pacientes, enfermeras, colegas médicos y otros.
De ellas, 3.100 fueron corroboradas por los investigadores internos de la Junta y dieron lugar a medidas disciplinarias. Las tres cuartas partes acabaron en ejercicios condicionales o en una carta de amonestación. Solo 439 -menos del 0.5% de las denuncias originales- acabaron con la revocación de la licencia.
Independientemente de cómo se resuelva un caso, la justicia no es rápida. El tiempo medio que transcurre entre una denuncia y su desestimación o la imposición de medidas disciplinarias es de más de tres años, según los registros de la Junta.
Además, muchas víctimas de errores médicos graves nunca presentan una queja ante la Junta, sino que recurren a un abogado especializado en negligencias. La Junta suele enterarse de esos casos solo años después, si el médico o su compañía de seguros pagan más de 30.000 dólares para resolver una demanda civil, lo que da lugar a un informe obligatorio.
Cuando Stan Gerbrandt entró en una clínica de Thousand Oaks el año pasado para operarse de un dolor en el hombro izquierdo y la cadera, dijo, no sabía que su médico, John Chiu, había aceptado la entrega forzosa de su licencia al día siguiente.
La Junta Médica había sustanciado más acusaciones de irregularidades contra Chiu que contra cualquier otro médico desde 2008, según el análisis de datos del Times. Entre las acusaciones se encuentran: negligencia grave, realización de cirugías innecesarias, no realizar pruebas de diagnóstico esenciales y deshonestidad con la Junta.
Chiu se presentó por primera vez ante la Junta en 2007 después de que aparentemente pinchara la vena yugular de una mujer de 44 años con una aguja durante un procedimiento con anestesia local. Pronto dejó de respirar. Chiu comenzó una traqueotomía de emergencia, cortando su garganta para hacer un agujero para un tubo de respiración, luego inexplicablemente se detuvo. En un testimonio posterior, Chiu admitió que se sentía incómodo al hacer la incisión porque hacía muchos años que no realizaba una traqueotomía, según los registros de la Junta. La mujer murió.
Después de un testimonio médico contradictorio -un experto de la Junta dijo que la capacidad de hacer una traqueotomía de emergencia es requerida en los neurocirujanos; los testigos de Chiu dijeron que no era así- la Junta decidió que Chiu no fue “gravemente” negligente en ese caso.
Pero la Junta le acusó de negligencia en el cuidado postoperatorio de otros dos pacientes: un anciano cuyo pie perdió movilidad después de una cirugía de la espalda y otro hombre que desarrolló una grave infección de la columna vertebral que Chiu no diagnosticó. La Junta revocó la licencia de Chiu, luego suspendió la acción y lo puso en un período de práctica condicional durante tres años.
En 2011, la Junta revocó su licencia por segunda vez por no revelar repetidamente, bajo pena de perjurio, “al menos dos demandas por negligencia médica” presentadas contra él mientras estaba en el período de prueba. Una vez más, la Junta encontró motivos para revocar su licencia, pero lo volvió a colocar en un período condicional, según los registros de la Junta.
En el otoño de 2019, se presentaron cinco nuevos casos ante la Junta. En uno de ellos, Chiu ordenó un escáner que mostró que el dolor de un paciente, la pérdida de peso repentina y la dificultad para tragar eran probablemente causados por un cáncer de hígado que se había extendido a su garganta. Chiu “no discutió los resultados del estudio con el paciente, y en su lugar procedió a la cirugía del cuello”, según los registros de la Junta.
En ese momento, cuando Chiu tenía 82 años, la Junta amenazó finalmente con quitarle la licencia de forma definitiva.
Chiu reconoció que la Junta tenía una base de hechos para los cargos y pidió un “período de gracia” de unos meses más para organizar la “venta libre” de su clínica sin que las preguntas sobre su licencia ahuyentaran a los compradores. Además, quería seguir tratando a los pacientes sin que estos supieran que su licencia estaba en peligro ni perdieran la confianza en su capacidad quirúrgica, según la demanda que Chiu presentó contra la Junta.
La Junta aceptó los términos.
Lo primero que notó Gerbrandt cuando empezó a recuperar la conciencia fue un dolor punzante en el pie derecho. Como quiropráctico, Gerbrandt supo inmediatamente que el dolor en el lado opuesto de su cuerpo significaba que algo había ido terriblemente mal en la operación.
Ahora vive con una sensación de ardor casi constante que se irradia a la pierna derecha, dijo Gerbrandt. Los fuertes dolores en la espalda, que no tenía antes de la operación, le obligan a utilizar un andador. Gerbrandt, de 69 años, comentó que había estado reduciendo su práctica, pero las nuevas discapacidades aceleraron su retiro.
“Me pareció que el mundo entero se apagó justo después”, dijo Gerbrandt. “Esta operación puso un clavo en el ataúd de mi carrera”.
Para determinar exactamente qué salió mal en la operación, dijo Gerbrandt, llamó repetidamente a la oficina de Chiu pidiendo su historial médico. Los asistentes que le contestaron le dijeron que no podían acceder a los registros porque la oficina estaba cerrada debido a la pandemia de COVID-19 - no le informaron que, de hecho, Chiu había renunciado a su licencia y ya no estaba ejerciendo, expuso Gerbrandt.
Gerbrandt presentó una demanda por negligencia, pero Chiu seguía sin presentar su historial médico más de un año después, dijo Gerbrandt.
Gerbrandt también escribió una carta a la Junta Médica estatal advirtiéndole de la supuesta mala praxis de Chiu y pidiéndole ayuda para acceder a sus registros. La Junta envió una carta diciendo que un analista sería asignado para revisar su queja, pero hasta el momento no ha habido ningún seguimiento.
Chiu no ha respondido a las reiteradas peticiones de comentarios. Varios abogados que le han representado en casos de negligencia civil y ante la Junta, tampoco respondieron o se negaron a hacer comentarios. Todavía no ha presentado una respuesta a la demanda.
Al menos otros 18 pacientes han demandado a Chiu alegando mala praxis en las últimas dos décadas. Entre ellos se encuentra un hombre que afirma que quedó impotente e incontinente, y múltiples pacientes cuyos médicos dijeron que las cirugías que Chiu realizó eran innecesarias e ineficaces.
Han pasado años desde que Joe Puga vio por última vez al urólogo de Salinas Aytac Apaydin, pero este hombre de 88 años lo recuerda bien.
“Me dejó un pedazo de cable en la vejiga”, dijo Puga. “Sufrí con eso durante un año. Fue una mala experiencia, una experiencia realmente mala”.
Puga, consultor agrícola del condado de Imperial cuyo trabajo le lleva por todo el estado, acudió a Apaydin por un dolor abdominal y sangre en la orina. En julio de 2007, el médico le realizó una cistoscopia, colocando un tubo en la uretra e insertando un cable para guiar una pequeña cámara y un láser hasta su vejiga, según consta en los registros de la Junta Médica.
Durante el procedimiento, Apaydin cortó inadvertidamente el cable con el láser, pero aparentemente no se dio cuenta. Cuando Puga regresó una semana más tarde quejándose de dolor y complicaciones, un radiólogo le hizo una tomografía computarizada que mostró un “cable metálico enrollado” en su vejiga, dicen los registros. El radiólogo lo anotó en el historial de Puga y recomendó medidas correctivas.
Durante los nueve meses siguientes, Puga volvió a ver a Apaydin al menos tres veces por una serie de problemas que incluían dolor, hemorragias, coagulación de la sangre, disfunción eréctil e incontinencia. En todas las ocasiones, Apaydin supuestamente no trató el objeto extraño que tenía dentro, incluso después de haber firmado el informe radiológico, según los registros de la Junta Médica.
Solo cuando Puga acudió a otro médico, a finales de mayo de 2008, supo cuál era la causa de sus problemas.
“Me dijo: ‘Está bien, Joe, empecemos con las radiografías’”, recuerda Puga. “Dos o tres días después recibimos los resultados, miramos la pantalla y el médico dijo: ‘¿Qué demonios es esto? Tenemos que sacarte eso’. Cuando lo sacó, me lo enseñó: Era un trozo de cable de unos 15 centímetros de largo. Dije: ‘Dios mío’”.
Puga demandó a Apaydin y a su consulta de urología por negligencia y finalmente llegó a un acuerdo por una cantidad no revelada.
La Junta Médica también acusó a Apaydin de repetidos actos de negligencia en el caso de Puga y emitió una carta de amonestación en 2012, cinco años después de su cirugía original.
Apaydin aceptó la amonestación después de reconocer que la Junta “podría establecer un caso prima facie con respecto a los cargos y alegaciones”, según muestran los registros del acuerdo. Aceptó un acuerdo estipulado pero no admitió los cargos.
Se trata de la segunda amonestación de Apaydin por parte de la Junta, que en 2008 le sancionó por alterar registros y no informar a un paciente sobre los efectos secundarios de un medicamento.
Ni Apaydin, de 60 años, ni su abogado respondieron a múltiples llamadas telefónicas y correos electrónicos en busca de comentarios para este artículo.
En 2017, el panel acusó a Apaydin de negligencia grave en el tratamiento de cuatro pacientes, incluido uno que sufrió una insuficiencia renal después de que el médico le pusiera una combinación tóxica de medicamentos intravenosos y luego no lo monitoreara.
Otras acusaciones incluyeron operar a un paciente dos veces en un día, cuando debería haber bastado con una sola operación, según los registros de la Junta Médica, y apresurarse a operar a otro paciente cuyo cálculo renal probablemente se habría eliminado de forma natural, sin necesidad de cirugía.
La Junta también acusó a Apaydin de prescribir en exceso radiografías y otras exploraciones de imagen potencialmente dañinas -incluso en una mujer embarazada- y de utilizar en exceso una terapia de ondas de choque conocida como litotricia para tratar los cálculos renales.
En enero de 2018, la Junta Médica revocó la licencia de Apaydin y luego suspendió la acción y lo puso en un período condicional durante cinco años. Los registros de la Junta señalan que Apaydin volvió a reconocer el caso prima facie de la Junta y “renuncia a su derecho a impugnar esos cargos”.
Cuatro días después de que la orden entrara en vigor, Apaydin y su socio en Salinas Valley Urology Associates acordaron pagar 1.08 millones de dólares para resolver las acusaciones federales de que presentaron reclamaciones falsas a Medicare.
Ninguno de los dos médicos admitió su responsabilidad.
La licencia de Apaydin volvió a estar bajo escrutinio en julio de 2020, cuando la Junta Médica presentó otra acusación y se movió para revocar su período de ejercicio condicional debido a una condena por un delito menor por conducir ebrio en el condado de Monterey un año antes.
La decisión de la Junta sobre la revocación del período condicional está pendiente.
Misra, el neurocirujano de Lancaster cuya operación de columna dejó paralizada a Lewis, ha sido demandado por mala praxis al menos 15 veces y tiene uno de los expedientes disciplinarios más largos de todos los médicos de California.
En 2010, la Junta lo acusó de negligencia grave, incompetencia y actos repetidos de negligencia por operar en el lado equivocado del cerebro de una mujer de 45 años, calificándolo como una desviación extrema del estándar de atención que requirió una segunda cirugía.
En un acuerdo estipulado con la Junta, Misra solo admitió haber llevado un registro inadecuado de la cirugía y no negó ni admitió las otras acusaciones.
La Junta le ordenó que realizara cursos de formación y mantenimiento de registros y un programa de profesionalidad. Luego le emitió una carta pública de reprimenda por no “documentar adecuadamente el procedimiento quirúrgico, la condición postoperatoria y el cuidado del paciente”.
En enero de 2018, la Junta revocó la licencia de Misra, pero suspendió la acción y lo puso en tres años de prueba por una cirugía espinal innecesaria en la que una pieza de hardware que implantó se desprendió y otra se quebró. Misra no comunicó las complicaciones al paciente, según la Junta, ni dejó constancia de ellas. El paciente, un hombre de 70 años, requirió una segunda cirugía para corregir la primera.
En enero de 2020, la Junta volvió a revocar la licencia de Misra, y de nuevo suspendió la orden, extendiendo su período condicional por dos años.
En ese caso, los reguladores acusaron a Misra de negligencia grave por operar la parte equivocada de la columna vertebral de una mujer y luego no reconocer su error cuando este fue revelado por las radiografías. La paciente solo se enteró cuando acudió a otro cirujano, y entonces tuvo que someterse a una segunda operación para solucionarlo.
Misra reconoció los méritos prima facie de las acusaciones de la Junta Médica en ambos casos, pero no negó ni admitió su responsabilidad, según los acuerdos estipulados.
Tres meses después de la segunda de esas acciones disciplinarias, la Junta consideró dos nuevas acusaciones contra Misra, que involucraban a Lewis y a otro paciente, y que se derivaban de cirugías realizadas años antes.
Julie Despres, miembro de la Marina y madre de cuatro hijos, acudió a Misra en 2014 para aliviar el tormento de la enfermedad degenerativa del disco y el dolor de espalda baja. El médico realizó una fusión espinal, anotando en su informe operatorio que fue bien sin “ninguna complicación”.
Pero poco después de que Misra cerrara la incisión de Despres, fue llamado de nuevo al quirófano del Centro Médico Regional de Palmdale. Su presión arterial había caído en picada y su abdomen se estaba hinchando, dos señales de alarma de una hemorragia interna.
“Ella estaba tratando de comunicarse”, declaró más tarde Misra en una declaración. “Todavía estaba anestesiada. Dijo que le dolía el vientre y la pierna. Hablé con ella y le dije: ‘Déjame ver qué pasa’”.
Una ecografía confirmó la hemorragia y se llamó a un cirujano vascular para que intentara detenerla. Pero estaba a 12 millas de distancia, en otro hospital, y para cuando llegó, Despres había sufrido un paro cardíaco.
El segundo cirujano descubrió que la arteria ilíaca de Despres, que transporta la sangre a las piernas, se había cortado y estaba entrando sangre en la cavidad abdominal. Mientras otros realizaban la reanimación cardiopulmonar, el especialista vascular trabajó para detener el flujo y reparar la arteria, según los registros de la Junta y un informe operativo presentado en una demanda.
Despres murió al día siguiente.
Su marido, Roland Despres, dijo en una entrevista que Misra “la había operado antes, así que confiábamos en él”. Solo se enteró tras la muerte de su esposa de que no era más que la última de una serie de resultados nefastos en las cirugías de Misra.
“No tenía un buen historial”, manifestó Despres.
Despres dijo que la Junta Médica nunca se puso en contacto con nadie de su familia para su investigación sobre Misra, que incluía una acusación de que no tomó medidas de emergencia mientras Julie Despres sangraba profusamente durante 30 minutos esperando al cirujano vascular.
Misra declaró que no intentó detener la hemorragia porque no estaba capacitado para hacerlo.
“Ese no es mi territorio de experiencia”, dijo.
Roland Despres, suboficial retirado de la Marina, desearía que alguien le hubiera informado del historial del médico antes de la operación que acabó con la vida de su esposa. Pero como las investigaciones de la Junta Médica son confidenciales y pueden tardar años en concluirse -la reprimenda de Misra de 2016 se produjo nueve años después del error que la provocó; su ejercicio condicional de 2018 se derivó de una cirugía innecesaria en 2012-, el público a menudo se queda en la oscuridad.
“Definitivamente creo que [la Junta] debe poner el historial de los acusados al alcance del público para que la gente pueda leer sobre ellos, y si tienen algo que ocultar no deberían estar en el negocio”, dijo Despres.
Despres presentó una demanda por homicidio culposo alegando que Misra cortó la arteria durante la operación. En su informe operativo, el cirujano vascular que fue llamado para tratar la hemorragia dijo que encontró una “transección del 70%” de la arteria ilíaca, lo que indica un corte grave.
La Junta Médica acusó a Misra de negligencia grave por no reconocer que el hardware espinal que instaló estaba en un “lugar potencialmente peligroso” que podía causar una lesión vascular.
El abogado de Misra, Bertling, dijo que no había pruebas concluyentes de que su cliente hubiera provocado la hemorragia durante la operación, aunque se descubriera inmediatamente después.
La demanda terminó con un acuerdo confidencial.
Al mismo tiempo que la Junta sopesaba las acusaciones contra Despres, también investigaba el caso de Lewis.
Misra había tratado el dolor lumbar de Lewis durante más de un año cuando la operó de la columna el 10 de septiembre de 2013.
La Junta Médica le acusó de detectar una fuga de líquido cefalorraquídeo durante la operación, pero no investigar su causa. También alegó que Misra sabía que una “jaula” lumbar que instaló se había fracturado, pero no consideró necesario retirarla en ese momento para evaluar el daño neurológico.
“Si lo hubiera arreglado inmediatamente, el daño podría haberse contenido y minimizado”, dijo Lewis en una entrevista. “Como lo dejó pasar y puso una jaula rota, el daño estaba hecho”.
La Junta también acusó a Misra de deshonestidad por llevar dos conjuntos de registros sobre la operación. Sus propios registros incluían detalles clave, como referencias al hardware fracturado, mientras que los registros que presentó al hospital los omitían - y afirmaban que no hubo “ninguna complicación” en la cirugía, alegó la Junta.
Bertling dijo que los registros dobles eran el resultado de la edición rutinaria de Misra para hacer “cambios que él cree necesarios”. Negó cualquier intención deshonesta y Misra no admitió la acusación ante la Junta Médica.
La demanda de Lewis alega que las acciones de Misra tomaron un giro siniestro cuando trató de convencerla de que había quedado paralizada por un derrame cerebral, no por su error quirúrgico.
Los médicos del Centro Médico Cedars-Sinai, al que Lewis acudió en busca de una segunda opinión casi un año después de su operación, culparon de su parálisis directamente a los errores de Misra, según su demanda.
Si hubiera sabido antes la causa de su parálisis, podría haber buscado una cirugía correctiva. Pero debido al retraso creado por el engaño de Misra, su “parálisis se hizo irreparable y permanente”, según su demanda.
“Tengo que trabajar todos los días para estirar y ejercitar mi cuerpo para no experimentar un dolor insoportable”, dijo Lewis en los documentos judiciales. “Estas lesiones físicas y emocionales afectan todas las actividades de mi vida diaria”.
En una entrevista con The Times, Lewis dijo que su vida ha cambiado radicalmente desde la operación. Durante los dos años siguientes, comentó, estuvo en “un lugar muy, muy oscuro” emocionalmente. No solo había perdido la movilidad, sino también el trabajo que tenía desde hacía mucho tiempo en un restaurante familiar local, donde estaba preparada para un ascenso en la dirección.
“No hay mucho espacio para un empleado en silla de ruedas en ese puesto”, subrayó.
El abogado de Misra dijo que sus expertos médicos, tanto en el caso de Despres como en el de Lewis, llegaron a la conclusión de que el médico había cumplido la norma de atención requerida.
“El hecho de que haya un resultado desfavorable o complicaciones no significa que haya habido negligencia”, manifestó.
Lewis resolvió su demanda en 2017 con un acuerdo de confidencialidad que le prohíbe revelar la cantidad. Pero aparentemente fue lo suficientemente grande como para desencadenar una investigación de la Junta sobre su caso.
Las acusaciones en ambos casos se resolvieron en noviembre de 2020, cuando Misra y el personal de la Junta Médica acordaron un acuerdo en el que su licencia fue revocada por tercera vez - y por tercera vez, la revocación fue suspendida.
Misra reconoció la “base fáctica” de las acusaciones y aceptó renunciar a su derecho a impugnarlas, según su acuerdo estipulado.
La Junta lo puso en un período condicional durante cinco años más y le permitió seguir atendiendo a los pacientes.
Si completa con éxito su actual período disciplinario, Misra habrá pasado aproximadamente la mitad de sus 20 años de práctica en ejercicio condicionado.
Lewis dijo que estaba preparada para testificar contra Misra si su caso llegaba a una audiencia, pero entonces una fiscal general adjunta de California, Rebecca Smith, que actuaba como abogada de la Junta, le notificó en marzo un acuerdo que ponía al médico en un período probatorio.
“No me dio ninguna razón. Se limitó a decir que esto es lo que hay”, dijo Lewis. “Creo que fue una completa tontería. Deberían haberle retirado la licencia. Punto. No se le debería permitir ejercer. No se le debería permitir estar cerca de un paciente”.
Smith remitió las preguntas de The Times por correo electrónico a la oficina de prensa del fiscal general, que declinó hacer comentarios.
Lewis reveló que cuando protestó porque la disciplina no era lo suficientemente dura, Smith le dijo: “No se preocupe, se sentirá muy incómodo” por las sanciones, que incluyen clases educativas obligatorias.
“¿Se sentirá muy incómodo?”, dijo Lewis. “Cada día tengo que levantarme y lidiar con las ramificaciones de lo que me hizo. Cada día... siempre será así”.
El investigador del Times Scott Wilson contribuyó a este informe.
Para leer esta nota en inglés haga clic aquí
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