México detecta daño ambiental irreversible en zona de explosión de oleducto

México — Altos niveles de contaminación y daños irreversibles presenta la zona de la explosión de la toma clandestina de un oleoducto que el pasado 18 de enero provocó 138 muertos en Tlahuelilpan, municipio del central estado de Hidalgo, determinó este miércoles la autoridad ambiental mexicana.

Tras un estudio de suelo en el lugar de la explosión, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) señaló que la mayor concentración de combustibles se detectó en el área del canal de riego, la cual quedó impactada por hidrocarburos totales del petróleo en su fracción ligera y BTEX (benceno, etilbenceno, tolueno y xileno).

“Los niveles de contaminación del suelo en la zona donde ocurrió la explosión de la toma clandestina para robo de combustible se encuentran por arriba de los límites permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana”, apuntó la Profepa mediante un comunicado.

Inspectores de esta dependencia, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), analizaron diversas muestras de suelo obtenidas en diferentes puntos de la zona para determinar el impacto ambiental ocasionado por la explosión del pasado 18 de enero, que dejó un saldo total de 138 muertos, la mayoría de ellos durante los días posteriores por el nivel de las quemaduras.

Los especialistas señalaron “que el suelo es capaz de admitir una serie de alteraciones que pueden ser asimiladas si no rebasan los límites superiores a su propia capacidad” pero si los contaminantes permanecen invariable durante años “puede dar origen a graves perturbaciones tanto en los vegetales como en los animales que los consuman”.

Otro de los efectos desfavorables es la disminución del rendimiento de los cultivos, así como la contaminación a las aguas superficiales y freáticos por procesos de transferencia.

Precisaron que la mayor concentración de hidrocarburos se detectó en el área del canal de riego mientras que en la zona de parcelas o sembradíos se detectaron niveles de contaminación que no rebasan los límites máximos permisibles establecidos en la norma.

El pasado 18 de enero, tras abrirse en Tlahuelilpan una toma ilegal en un oleoducto de hidrocarburo, cientos de pobladores acudieron a sacarlo, de una forma muy rudimentaria, en botes y otros recipientes, para llevarlo a sus casas para usarlo o venderlo.

Al cabo de dos horas, y pese a la presencia del Ejército, que poco pudo hacer para controlar a los centenares de personas que se acercaron a recoger gasolina, se registró una fuerte explosión.

Este incidente ocurrió durante la vigencia de la estrategia lanzada el 21 de diciembre pasado por el Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contra el robo de hidrocarburos a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

El Gobierno mexicano calcula que este robo de combustibles le costó al país 65.000 millones de pesos (unos 3.400 millones de dólares) tan solo en 2018.

Las autoridades reforzaron la vigilancia de oleoductos con miles de agentes de seguridad, modificaron el método de transporte de gasolina para usar camiones cisterna, lo que generó en los primeros días una crisis de abastecimiento en diez estados del país.